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El Gobierno aplaza la obligación de instalar contadores individuales de calefacción central

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El Gobierno central ha pospuesto 'sine die' la aprobación de la normativa que regulará la instalación de contadores individuales en las viviendas de edificios dotados de sistemas de calefacción central, una obligación recogida en la directiva europea de eficiencia energética y que permitirá a cada hogar pagar en función de su consumo real. Esta regulación debería haber sido incluida en la transposición de esta norma comunitaria aprobada en febrero pero, sorprendentemente, el Ejecutivo dejó fuera el articulado referente a este aspecto, lo que ha sumido en la incertidumbre a los hogares afectados, unas 120.000 en el País Vasco, según los cálculos del sector. La mayoría de estas 2.200 comunidades de vecinos están aplazando las obras para adaptarse a Europa a la espera de la aprobación del marco legal que detalle los requisitos a cumplir aunque, paradójicamente, este incumplimiento les expondría a partir del 1 de enero a multas de hasta 10.000 euros.

Fuentes del Ministerio de Energía consultadas por este periódico contestaron lacónicamente que «se sigue evaluando la transposición» del reglamento en lo referido a los contadores individualizados, sin aportar más razones ni dar pistas de cuándo puede estar aprobado. «Otros 15 países europeos tampoco lo han hecho», se justificaron sobre la decisión de eliminar a última hora del borrador del real decreto de eficiencia energética cualquier mención a los repartidores de costes. Pero según han transmitido los responsables ministeriales tanto a las empresas instaladoras como a los administradores de fincas, la razón obedecería a la excepcional situación política que vive España, con un Gobierno en funciones y a la espera de nuevas elecciones.

«Al parecer, el Ejecutivo ha eludido incluir en el reglamento cualquier decisión que supusiera un impacto económico en el usuario final, como es este caso, y ha optado por dejar la medida para el futuro Ejecutivo que salga de las elecciones del 26 de junio», apunta Ignacio Abati, presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca). Por esta razón la transposición se hizo parcialmente, limitándose el Ejecutivo a regular aspectos más neutros como los referidos a la realización de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores o medidas de promoción de la eficiencia en los suministros.

Sin embargo, lo inesperado de la medida y la falta de explicaciones ha sembrado la inquietud entre las comunidades afectadas que ya daban por hecho que este verano como muy tarde –debido a la necesidad de tener apagada la caldera– iban a tener que acometer las reformas necesarias para adaptarse a la ley. Mientras algunas –unos 8.000 hogares, según Aercca– ya se han puesto las pilas y han realizado el proyecto, los vecinos del grueso de los edificios afectados se mantienen a la espera de conocer el desarrollo del marco legal para meterse en faena.

«Aunque la finalidad de la medida es obtener un ventajoso ahorro energético para cada vecino, en este país estamos acostumbrados a hacer las cosas si nos lo imponen. Así que, como además de suponer una importante inversión económica de momento no hay obligación, la mayoría de las comunidades se están manteniendo a la espera», reconoce la administradora de fincas de Bilbao Ana Landaida, que también es partidaria de aguardar al «desarrollo reglamentario para conocer todos los matices de la normativa, los aspectos legales e incluso las ayudas, si las hubiera».

Dos sistemas

Contador:  Cada domicilio cuenta con un contador propio, que mide la energía exacta que consume cada familia.
Repartidor de costes:  En los edificios que tienen la distribución del agua de la calefacción mediante columnas verticales la solución es instalar repartidores de costes en cada radiador.
Bombas:  Debido a que cada familia podrá ajustar la temperatura, muchas comunidades deberán sustituir las bombas actuales por otras de velocidad variable.

Sanciones

En esta misma línea, algunos colegios de administradores de fincas, como el de Madrid, han remitido una circular a sus asociados para que recomienden a sus clientes «no realizar adaptación alguna en sus instalaciones hasta que realmente se sepa cuáles son las razones por las que no se ha transpuesto en su totalidad la directiva europea». También el órgano general de los colegiados ha instado al Gobierno a que «aclare definitivamente» el marco legal ante la inminencia del plazo previsto para aplicar las sanciones, el próximo 1 de enero. Porque, paradójicamente, a pesar de no haber reglamento sí se han aprobado las sanciones que penalizarán su incumplimiento: así, el artículo 80.2C del real decreto de julio de 2014 sobre medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia establece multas de entre 1.001 y 10.001 euros para aquellos particulares o comunidades que no cuenten con sistemas de repartición de costes desde esas fechas.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que será necesario articular una moratoria o similar para dar tiempo a las comunidades a adaptarse. A no ser que el próximo Gobierno decida dejar definitivamente la medida en el cajón, supuesto que descartan tanto los colegios de administradores como las empresas. «La obligación emana de Europa con lo que, más tarde o más temprano, la ley española deberá adaptarse».